Diferendo limítrofe Nicaragua-Colombia

¿Por qué el gobierno decidió no pedir revisión del fallo del 19 de noviembre de 2012 ante la CIJ?
Historia de un recurso no presentado

El 13 de diciembre venció el plazo para pedirle a la Corte Internacional de Justicia la revisión de la sentencia. El gobierno estudió el tema durante diez meses.


El pasado 13 de diciembre se venció el plazo –según las cuentas que revelaron el 18 de noviembre en carta abierta a la opinión pública la excanciller Noemí Sanín y el exviceministro de justicia Miguel Ceballos– para interponer un recurso de revisión contra la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el 19 de noviembre de 2012 definió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. El Espectador pudo reconstruir las gestiones que durante más de diez meses adelantó el gobierno para estudiar el tema, y las razones por las cuales finalmente el recurso no fue presentado y que se resumen en uno solo: prevalecieron los criterios jurídicos sobre las conveniencias políticas coyunturales.

Según diferentes fuentes políticas, jurídicas y académicas, en diciembre de 2012 la excanciller Sanín entregó sus primeras consideraciones a la Cancillería y desde entonces el tema fue asumido para estudio. En una conversación con funcionarios del gobierno sugirieron que se buscara una firma estadounidense que acompañara a los juristas franceses e ingleses involucrados en el asunto. En el mes de febrero la Cancillería comisionó al mismo exviceministro Ceballos para que viajara a Washington como Embajador en Misión Especial, con el fin de que sostuviera conversaciones con diferentes firmas. A su regreso Ceballos sugirió el nombre de la firma Arnold & Porter, conocida por la Cancillería dado que hizo parte del equipo que representó a Colombia en el caso del Galeón San José.

Se solicitó entonces a un grupo de tres juristas representantes de firmas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, un concepto sobre la viabilidad de presentar un recurso de revisión. Cada uno de ellos, por aparte, rindió un concepto negativo, en que resaltaban no solo la inconveniencia sino la ausencia absoluta de posibilidades de éxito de éste recurso. Así la posibilidad de presentar el recurso quedó descartado durante meses.

No obstante, a raíz de la presentación de la nueva demanda de Nicaragua contra Colombia, en el mes de septiembre ante la CIJ, en que reclama una plataforma continental extendida, se reabrió el debate que se incrementó cuando en el mes de noviembre Nicaragua interpuso otra demanda, esta vez exigiendo el cumplimiento de la sentencia de 2012 y el pago de indemnizaciones por los “derechos” que no ha podido hacer exigibles como consecuencia del “incumplimiento” de Colombia de la decisión de la CIJ del año 2012.

A raíz de la publicación oficial del contrato con la firma China, surgió entonces el nombre del abogado francés Jean Marc Thouvenin quien aceptó realizar un nuevo estudio pero bajo la condición que en ningún caso incluiría una mención a las acusaciones lanzadas en Colombia contra la juez china ante la Corte (tema en el cual también habían coincidido todos los expertos internacionales y ni siquiera había sido considerado por los expertos colombianos) y en un término relativamente breve preparó un borrador de lo que podía convertirse en un recurso de revisión.

Este borrador fue circulado entre los diferentes juristas que asesoran a Colombia, entre los cuales se produjo, inicialmente, una división. Por un lado quienes consideraban que, dada la alta calidad y profundidad del escrito, tendría algunas pequeñas posibilidades de lograr algo; por el otro, aquellos que ratificaron su posición de que no tendría ningún éxito. La misma división se presentó al interior del equipo nacional y de los asesores de la Cancillería. Esta división duró poco tiempo. En efecto, los juristas internacionales que asumieron el estudio de las demandas presentadas por Nicaragua elevaron, de forma conjunta, una recomendación clara en el sentido de aconsejar, de forma vehementemente, al gobierno colombiano, desistir de presentar ese recurso.

Durante toda la semana previa al 13 de diciembre, tanto los conceptos como el borrador fueron objeto de innumerables debates en las que participó el presidente, hasta que finalmente el día 12 de diciembre se tomó la decisión de acoger la recomendación de todos los juristas nacionales e internacionales de abstenerse de presentar el recurso.

Aunque el contenido de los conceptos es reservado y confidencial por ley, El Espectador logró establecer algunas de esas razones, así:

El recurso de revisión está regido por el artículo 61 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (que es un anexo incorporado a la Carta de las Naciones Unidas y por lo tanto fue adoptado por Colombia cuando se aprobó la Ley 13 de 1945), según el cual la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto en el fallo antes de iniciar el proceso. Este era un riesgo demasiado grande teniendo en cuenta que hay otros dos procesos en curso, uno de los cuales es precisamente por el incumplimiento de la decisión de noviembre de 2012. Es decir, que si la Corte solicitaba dicho cumplimiento de entrada se estaba perdiendo este proceso. En otras palabras, era iniciar el procedimiento del recurso sin opción de defenderse.

Aun si el recurso era aceptado y fallado a favor, no era claro cuál podía ser la ganancia que se podría llegar a obtener. En el mejor de los casos, imponer una limitación de rutas de navegación para el acceso a un canal, que hoy es incierto, o que se exigiera a Nicaragua que ratificara algunos tratados relativos al medio ambiente. Esto, en todo caso, se puede obtener por otros medios. En conclusión, difícilmente se podría haber logrado algo diferente a lo que hoy ya tenemos.

Para presentar el recurso había que presentar todas las pruebas de que el contrato entre Nicaragua y China era un hecho nuevo, cuya información de haber sido conocida oportunamente por la Corte, habría producido una delimitación diferente. Sin embargo, aún en el caso que se considerara el contrato como un hecho nuevo, hay que tener claro que la eventual construcción de un canal se hará dentro del territorio continental nicaragüense, sea cual sea la modalidad que Nicaragua escoja. Adicionalmente, de acuerdo con todos los datos técnicos recabados, los buques fondeados en espera de ingresar a un canal, en ningún caso en el mundo requieren de más de seis millas (es decir dentro de la distancia de 12 millas de mar territorial) y las rutas de acceso al canal pueden ser reglamentadas en su momento. En otras palabras, difícilmente se podría demostrar que tenía una incidencia en la delimitación marítima realizada por la Corte.

Finalmente, con dos demandas en curso ante la Corte, una de ellas de alta complejidad como es la de la plataforma continental extendida, sobre la cual se tienen que enfocar todos los esfuerzos y recursos jurídicos y técnicos del país para evitar que triunfen las pretensiones de Nicaragua, era arriesgado y temerario lanzarse con un recurso de revisión, con escasas o nulas opciones de éxito.

Por todo lo anterior, se desvirtuaron durante las discusiones de los abogados las razones de conveniencia política interna que permitía presentarle al país un discurso que rindiera réditos en el corto plazo, pero que en el largo plazo le generaría, sin dudas, problemas mayores.
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/historia-de-un-recurso-no-presentado-articulo-465508

de aqui a unos años hay que forzar un nuevo tratado con nicaragua ,, el asunto es tener las condiciones que permitan obligar unos terminos mas favorables para colombia , entraran ej juego situaciones economicas , militares y diplomaticas

"Colombia perdió toda posibilidad de reversar fallo de La Haya"


Así lo manifestó el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, al explicar que como el gobierno colombiano dejó pasar la fecha para presentar el recurso de revisión al fallo de la Corte de La Haya, ya no caben más recursos contra la decisión razón por la que se deberá acatar el fallo.

“El gobierno colombiano dejó transcurrir estos meses y llegó el momento en el que se debía presentar este recurso y no lo hizo, eso implica que Colombia acepta el fallo tal y como se produjo, ese es el único efecto jurídico”, explicó el jurista

De acuerdo con el ex magistrado, la defensa del Estado Colombiano no presentó la revisión del fallo pese a que la ex canciller Nohemí Sanín y varios expertos habían expuesto la necesidad de presentar el recurso, lo anterior teniendo en cuenta que sí existía un hecho nuevo sobre el cual sustentar el recurso.

“Estudiosos del derecho consideran que el hecho nuevo si existía y había elementos básicos para formular un recursos extraordinario de revisión sobre el supuesto que posiblemente se habría dado la necesidad de una revisión por parte de la Haya y con eso se habría podido cambiar la decisión, siempre y cuando hubiesen conocido esos hechos nuevos a los que hace referencia la ex canciller Nohemí Sanín”, manifestó Hernández.

Agregó además que “me parece que esta actitud de Colombia en el sentido de no presentar el recurso significa ni más ni menos que Colombia debilita su posición frente al fallo de La Haya y que contrario a lo que ha manifestado el Gobierno en vez de estimar que el fallo carece de fundamento pues parece que el país lo acepta a plenitud”.

Para puntualizar el jurista dejó por sentado que en este caso Colombia ya no podrá presentar más recursos, lo cual advierte que al fallo deberá dársele cumplimiento.

“Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico que rige la actividad de la Haya no cabe ningún otro recurso, se podría pedir una interpretación del fallo pero siempre en el entendido de que Colombia acepta plenamente la decisión, porque repito que al no presentar ningún recurso sencillamente lo que quiere decir es que Colombia admite que el fallo fue dictado adecuadamente, que correspondía a las facultades de la Haya, que ella tenía competencia y que por lo tanto todo lo que dijo en el fallo no es objeto de controversia por parte del gobierno colombiano”, apuntó.
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-perdio-toda-posibilidad-de-reversar-fallo-de-la-haya/20140107/nota/2049945.aspx

Tras el fallo de La Haya: expertos de Nicaragua piden que Santos aprenda de Humala y Piñera




El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, debería "aprender" de sus colegas Ollanta Humala y Sebastián Piñera, sobre respeto al derecho internacional, opinaron hoy algunos juristas nicaragüenses, a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre un litigio entre Perú y Chile.

"Ojalá que el presidente Santos, que escamotea el Estado de Derecho internacional, aprenda de esa actitud ejemplar que están dando sus colegas de Perú y Chile", dijo a Efe el doctor en derecho internacional Norman Miranda.

Tanto Humala como Piñera habían anunciado que respetarían la decisión de la CIJ, emitida la mañana de este lunes, decisión que confirmaron tras el fallo.

Caso contrario fue el de Santos, que aún no reconoce el fallo del 19 de noviembre de 2012, en el que la CIJ restituyó a Nicaragua un área que Managua calcula en más de 90.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, y que Bogotá establece en 75.000 kilómetros cuadrados.

"Hay 11 casos pendientes en la Corte, cinco de ellos en América Latina, el presidente Santos, en su actitud de rechazo a la sentencia de 2012, pudo haber causado una falta de credibilidad en la jurisdicción de la CIJ, por eso la actitud de Humala y Piñera es un hito muy importante", insistió Miranda.

"Eso sienta un gran ejemplo para Colombia, que dos Estados, independientemente de cuál sea el resultado del fallo de la CIJ, por medio de sus presidentes, han ofrecido el cumplimiento de esta sentencia", dijo el rector de la universidad American College y experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, a periodistas.

El catedrático dijo que ahora queda esperar "que Colombia siga ese ejemplo y se pueda fortalecer el respeto en América Latina al derecho internacional".

Miranda recordó que Colombia, además de acatar el fallo de 2012, tiene pendiente la demanda interpuesta por Nicaragua el 22 de noviembre pasado, por desobedecer la orden judicial de la misma CIJ.

En su última sentencia, la CIJ confirmó la línea fronteriza trazada previamente por Chile hasta las 80 millas náuticas desde la línea costera, y otorgó un área de exclusividad económica para Perú más allá de esa distancia, hasta las 200 millas náuticas.

(EFE)
http://www.larepublica.pe/27-01-2014/tras-el-fallo-de-la-haya-expertos-de-nicaragua-piden-que-santos-aprenda-de-humala-y-pinera

Que falta de seriedad la del gobierno colombiano.

El Gobierno colombiano ha pagado más de $2 mil millones en asesores
El precio de la defensa ante la CIJ

Luego del fallo de la Corte en el litigio con Nicaragua en 2012, el Gobierno ha contratado varios equipos jurídicos. Este ha sido el costo.


El Gobierno colombiano ha gastado más de $2 mil millones en la defensa de sus intereses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Luego del fallo emitido por ese tribunal, el 19 de noviembre de 2012, que estableció los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, la administración de Juan Manuel Santos decidió contratar una serie de asesores nacionales e internacionales para estudiar las posibilidades jurídicas del país frente a la sentencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores le reveló a El Espectador, en respuesta a un derecho de petición, cuánto ha pagado el Gobierno por los servicios de abogados, internacionalistas y otros expertos en la materia.

El primer equipo legal asesor, anunciado por la canciller María Ángela Holguín días después de la sentencia, incluía al internacionalista Juan Daniel Jaramillo, el exviceministro de Justicia Joaquín Polo Montalvo, el exprocurador General de la Nación Carlos Gustavo Arrieta, el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, Andelfo García y Luis Ricardo Paredes. Después se vinculó Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Cancillería no reveló los honorarios de todo el equipo. Sin embargo, en el documento entregado a este diario, sí se supo que Juan Daniel Jaramillo (contratado en dos ocasiones) recibió por su primera asesoría —entre el 19 y el 31 de diciembre de 2012— un pago de $10 millones. El segundo contrato —con fecha del 25 de julio al 30 de septiembre de 2013– tuvo un costo de $58 millones.

Según datos del Ministerio, Joaquín Polo Montalvo, contratado entre el 7 de marzo y el 7 de junio de 2013, recibió por su asesoría $34’800.000.

Con Carlos Gustavo Arrieta la Cancillería suscribió un contrato que iba del 23 de abril hasta el 31 de diciembre de 2013, por un valor de $208.800.000. Sin embargo, dicho acuerdo se dio por terminado de manera anticipada, por lo cual el valor total ejecutado fue de $139’200.000. En su respuesta a este diario, el Ministerio de Relaciones Exteriores no incluyó los honorarios de los otros miembros del equipo.

A finales de diciembre de 2012, la canciller anunció que, además de los abogados colombianos, el Gobierno contrató a la firma británica Volterra Fietta. Entonces Holguín aseguró que “en menos de cuatro meses estarían listos los recursos que se presentarían ante la CIJ” y contó que tendría la primera reunión con esa firma en París en enero de 2013. En ésta se acordó el pago que recibiría Volterra-Fietta y que según el recurso respondido a este periódico por el Ministerio, ascendió a US$800.000 (equivalente a $1.636’400.000 en el cambio actual).

La única acción jurídica que tomó el Gobierno fue denunciar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá. No obstante, esta salida del pacto no constituye como tal una estrategia frente al fallo de la CIJ, porque no modifica la sentencia ni exime al Estado de su obligatorio cumplimiento.

Y mientras el Gobierno se asesoraba pasaron diez meses. El 16 de septiembre de 2013, Managua presentó un requerimiento ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental para que este organismo de la ONU formulara recomendaciones para fijar el límite de la plataforma continental extendida del país centroamericano.

Frente a esta acción de Nicaragua, Colombia contrató a un nuevo grupo de abogados conformado, según Cancillería, por Michael Reisman, Mathias Herdegen, Rodman Bundy, Michael Wood, Eduardo Valencia Ospina y Tullio Treves. Casi todos firmaron contratos entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013, excepto Mathias Herdegen, quien lo hizo desde el 29 de noviembre.

El estadounidense Reisman, especialista en derecho internacional público y arbitraje internacional, suscribió contrato por un valor de US$26.239,66 (equivalentes a $53’673.200 en el cambio actual).

A Mathias Herdegen, un alemán especialista en derecho internacional público, quien fue director del Instituto de Derecho Internacional y del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Bonn, le pagaron US$11.586,60 (equivalentes a $23.700.400).

Rodman Bundy es estadounidense, especialista en derecho internacional público, litigios y arbitraje internacional. Ya había prestado sus servicios como abogado para la defensa de Colombia en el diferendo que empezó desde que Nicaragua interpuso su demanda en 2001, sobre la cual la CIJ falló el 19 de noviembre de 2012. El contrato de Bundy tiene un valor de US$17.356,94 (equivalentes a $35’503.400).

El inglés Michael Wood, especialista en litigios internacionales, derecho internacional público, derecho del mar, derechos humanos y derecho internacional humanitario, firmó contrato por US$11.200, lo que en pesos sería $22’909.600.

Eduardo Valencia Ospina fue secretario de la CIJ hasta el año 2000 y luego hizo parte, junto con Bundy, del grupo que defendió a Colombia contra la primera demanda interpuesta por Nicaragua. El Ministerio le pagó US$10.988,74, equivalentes a $22’477.500.

Tullio Treves es un italiano especialista en litigios internacionales y derecho del mar. Al igual que Rodman Bundy, fue abogado para Perú en el caso de la disputa marítima contra Chile, sobre la cual la CIJ emitió sentencia el pasado 27 de enero. Su contrato tiene un valor de US$13.696,34, lo que en pesos sería $28’015.900.

El total de los contratos suscritos con el primer grupo de asesores, con la firma Volterra-Fietta y con los abogados para estudiar la defensa en el caso de la plataforma continental, asciende a $2.064’680.000.

La Cancillería sigue estudiando la estrategia jurídica más idónea frente al fallo de La Haya. Además del retiro del Pacto de Bogotá, la otra decisión tomada por el Gobierno fue no presentar a la CIJ un recurso de revisión de la sentencia, en el cual se alegara como ‘hecho nuevo’ los contratos suscritos entre Nicaragua y la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment (HKND). La misma canciller Holguín ha aclarado que presentar ese recurso de revisión no tendría muchas probabilidades de cambiar la decisión de la CIJ y podría, en cambio, afectar la defensa de Colombia ante la segunda demanda interpuesta por Managua el 16 de septiembre del año pasado.

Nicaragua no era el único caso que tenía a Colombia en los estrados internacionales. Para evitar un fallo adverso, como el del 19 de noviembre con Nicaragua, el Gobierno decidió llegar a un acuerdo en la demanda que Ecuador había interpuesto ante la CIJ en 2008. El país vecino llevó a Colombia ante la Corte por los efectos que las aspersiones colombianas con glifosato habrían causado en cultivos y poblaciones ecuatorianas.

Luego de una negociación con el gobierno de Rafael Correa, se llegó a un trato para que Ecuador retirara la demanda. El acuerdo, firmado en agosto del año pasado entre la canciller Holguín y su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño, fue cuantioso: Colombia pagó una contribución económica de US$15 millones, orientados al desarrollo social y económico en las áreas de frontera, particularmente en Esmeraldas y Sucumbíos.

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-precio-de-defensa-cij-articulo-475246

Costa Rica demandará a Nicaragua por fijar límites marinos



La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció la presentación de una nueva demanda contra Nicaragua por lo que considera una definición unilateral de los límites marítimos entre ambos países.

Costa Rica recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pues considera que Nicaragua violenta sus derechos al ofrecer bloques de exploración petrolera en ambas costas, sin que existan límites debidamente fijados entre ambas naciones.



La presidenta Chinchilla indicó que la nueva demanda se presentará el martes en horas de la mañana ante la CIJ, y reclama que los bloques ofertados por Nicaragua estarían "usurpando" 15.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, así como 20.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico.



Chinchilla aseguró que desde mediados del año anterior su gobierno reclamó a Nicaragua por la oferta internacional de estos bloques, pero no obtuvo ninguna respuesta, lo que motiva este nuevo litigio ante la CIJ, donde también tiene pendiente la resolución por la supuesta invasión nicaragüense a la fronteriza Isla Portillo-Isla Calero.

El canciller Enrique Castillo reseñó que desde 2002 Costa Rica y Nicaragua habían iniciado un proceso de negociación de las fronteras marítimas, pero tras la quinta ronda de negociación en 2005, éste fue suspendido.

Castillo advirtió que tras las resoluciones de la CIJ sobre los casos por definición de límites entre Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe, la Corte había aclarado que este fallo no afectaría los límites con Costa Rica.

Sin embargo, el canciller costarricense advirtió que Nicaragua ha tomado estas resoluciones como definición de sus límites con Costa Rica, lo cual no es sólo incorrecto, sino también arbitrario.

El gobierno costarricense estima que este nuevo litigio con Nicaragua tomará unos cuatro años en resolverse, y tendrá un costo cercano a un millón de dólares.

http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=437371&Itemid=30

La mayoría de intervenciones en la Corte Constitucional lo pidieron
'Hay que acatar el fallo de La Haya'

El Espectador conoció los conceptos del Gobierno, la Procuraduría y las facultades de derecho de prestigiosas universidades que fueron enviados al alto tribunal en desarrollo de la controversia por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Colombia en noviembre de 2012.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/hay-acatar-el-fallo-de-haya-articulo-483760

San Andrés y providencia Pescando a la Deriva

'Mientras no haya nuevo tratado, límites con Nicaragua siguen iguales

Presidente aseguró que fallo de La Haya solo se podrá aplicar si hay un tratado con Managua.

"Mientas no sea celebrado un nuevo tratado, los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado Esguerra-Bárcenas. Es decir, los límites anteriores al fallo de la Corte Internacional de Justicia".
Con esa afirmación, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro este viernes que el fallo de la Corte de La Haya, con el que Colombia perdió con Nicaragua derechos económicos sobre parte del mar Caribe, no será aplicado hasta tanto no se firme un nuevo tratado limítrofe con ese país.
La tesis de Santos, que fue ratificada en parte por la Corte Constitucional, es que la Carta Política prima sobre fallos internacional, incluido el de La Haya que fue adverso para el país, por lo que el mapa nacional no puede ser modificado por decisiones de tribunales extranjeros.
"(El fallo de La Haya) solo se puede aplicar después de un nuevo tratado. Esa fue la tesis acogida por la Corte Constitucional en un fallo histórico, que aplica de manera clara lo ordenado por la Constitución", enfatizó Santos en una declaración desde la Casa de Nariño.
De hecho, esta postura la ha defendido el Gobierno desde que el 19 de noviembre de 2012 La Haya falló en favor de los intereses de Nicaragua. Sin embargo, hasta el momento y a pesar del diálogo binacional no se tiene previsto ni se ha hablado concretamente sobre la posibilidad de realizar un nuevo tratado limítrofe.
"En la demanda se sostuvo que, de conformidad con nuestra Constitución Nacional, los límites de Colombia solo pueden ser modificados o establecidos por medio de un tratado celebrado por el Gobierno, aprobado por el Congreso y luego revisado por la Corte Constitucional", precisó el Jefe de Estado.
No obstante, el mandatario advirtió que esperará a conocer el fallo completo de la Corte Constitucional para proceder con nuevas acciones en pos de defender la soberanía colombiana.
REDACCIÓN POLÍTICA
http://www.eltiempo.com/justicia/fallos-de-cortes-internacionales-no-pueden-definir-limites-territoriales-corte-_13921458-4


http://www.eltiempo.com/politica/fallo-de-la-haya-santos-dice-que-limites-con-nicaragua-siguen-siendo-los-mismos_13922359-4

Sin tratado con Nicaragua no se puede cumplir fallo de La Haya: Corte Constitucional
La Corte Constitucional declaró exequible condicionada la demanda presentada por el presidente de la República contra la ley 37 de 1991 que creó el Pacto de Bogotá.


Con una votación de 5 a 4, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la ponencia del magistrado Mauricio González en el sentido de dejar vigente el llamado Pacto de Bogotá, pero entendiendo que la única forma de modificación de las fronteras colombianas es a través de un tratado que sea aprobado previamente por el Congreso y la Corte Constitucional, y ratificado por el presidente. Esto significa que hasta tanto no haya un tratado con Nicaragua, el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya resulta inaplicable.
Sin embargo se pudo establecer que el condicionamiento hace referencia a la incorporación de la legislación colombiana, hecho por el cual hasta que no exista un tratado directo con Nicaragua no se podría aplicar el fallo del organismo internacional de justicia que modificó los límites marítimos con San Andrés emitido en noviembre de 2012. (Ver El 'no' del magistrado González al fallo de La Haya)
Este pronunciamiento se hizo en el marco de la demanda instaurada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos y un grupo de abogados que consideraba que los artículos 31 y 50 de la ley eran inconstitucionales. Ante esto consideraban que no se podía modificar los límites internos.
En el debate jurídico, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le pidió al alto tribunal declarar la exequibilidad de dos artículos que establecen que la Corte de La Haya puede definir cuándo es competente para pronunciarse sobre controversias entre los Estados.
Para el jefe del Ministerio Público, el alto tribunal debía precisar que dicha Corte Internacional de Justicia “no tiene competencia para establecer los límites de Colombia ni para modificar los límites que ya hayan sido acordados por el Estado colombiano, o en otras naciones a través de tratados internacionales o que ya hayan sido definidos en laudos arbitrales en que haya sido parte el Estado colombiano”.
El Espectador puede anticipar que ese fue el resultado principal de la discusión que sostuvieron esta semana los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Tal como lo reveló este diario el pasado 28 de abril, el magistrado Mauricio González Cuervo en su ponencia sostuvo que “el Pacto de Bogotá es constitucional siempre y cuando se entienda que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en las materias a las que alude, no puede comprender la decisión de asuntos que puedan implicar la variación de la situación general del territorio o afectar la integración del mismo”.
La posición del magistrado González reconoce la competencia de la CIJ para decidir sobre conflictos entre Estados, pero no para modificar las fronteras del territorio colombiano, porque en el artículo 101 de la Constitución advierte que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.
Razón por la cual, según el magistrado, reconocer la competencia de la CIJ para fallar sobre temas relativos al territorio “enfrentaría al Estado colombiano al dilema de respetar su Constitución y asumir una eventual responsabilidad internacional o de atender la obligación internacional y vulnerar su Carta”. Y luego le lanza un salvavidas al presidente Juan Manuel Santos: “El Estado colombiano, por medio del Gobierno, está en la obligación de abstenerse de aceptar el mecanismo que suponga una dificultad de carácter constitucional”.
Por lo que, como se lee en el documento de 277 páginas, no se puede obligar a un Estado a que acate fallos en contra de su voluntad y ordenamiento y, segundo, que en virtud del deber de resolver pacíficamente sus controversias con otros Estados, Colombia puede acudir a otros mecanismos para resolver esta controversia, “como los previstos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario”.
Entonces, se hace necesario encontrar un punto intermedio y sugerir como alternativas “o bien la modificación del vínculo internacional de manera que no se oponga a la Constitución, mediante la utilización de los remedios jurídicos correspondientes, o bien la adopción de medidas de derecho interno que hagan posible superar la incompatibilidad”. Aunque en la ponencia se deja claro que en cada uno de estos dos escenarios le corresponde a las autoridades políticas competentes determinar el procedimiento a seguir y no a la Corte Constitucional.



http://www.elespectador.com/noticias/judicial/sin-tratado-nicaragua-no-se-puede-cumplir-fallo-de-haya-articulo-490121

Están jodidos:corte constitucional no prela sobre corte internacional reconocida por el estado colombiano,con beligerancia reconocida por el estado colombiano y no cabe desacato a esta corte cuya beligerancia en el asunto ha sido reconocida.De hecho,la CIJ puede solicitar sanciones contra colombia,por desacato.

sobre derecho internacional humanitario , no hay nada que hablar , sobre delimitación la corte constitucional dice que no se acata,, ósea ya ni se acata ni se aplica ,, las sanciones a colombia tendrían que pasar por el consejo de seguridad de la ONU donde adivina nick quien tiene poder de veto ???

santanderista escribió:sobre  derecho internacional  humanitario ,  no  hay  nada  que  hablar  , sobre delimitación  la  corte  constitucional  dice  que no se acata,,  ósea  ya ni se  acata  ni se  aplica ,,  las  sanciones  a  colombia  tendrían  que  pasar  por  el  consejo de  seguridad  de la  ONU  donde  adivina  nick  quien  tiene  poder  de  veto ???

¿Rusia?,¿china?   ..las putas colombianas deben ser protegidas por su amo..jajajjajaja     

"Tarde o temprano Colombia tendrá que cumplir fallo de La Haya"

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/259085-tarde-o-temprano-colombia-tendra-que-cumplir-fallo-de-la-haya. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.

santanderista escribió:sobre  derecho internacional  humanitario ,  no  hay  nada  que  hablar  , sobre delimitación  la  corte  constitucional  dice  que no se acata,,  ósea  ya ni se  acata  ni se  aplica ,,  las  sanciones  a  colombia  tendrían  que  pasar  por  el  consejo de  seguridad  de la  ONU  donde  adivina  nick  quien  tiene  poder  de  veto ???

Lo que hay que hablar es de DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, por ende, ninguna corte ni mucho menos narcocorte va a estar por encima de la decisión de un organismo supra constitucional.

el asunto es : NO LO VAMOS A ACATAR ,, entonces que va a hacer nicaragua ???

Nicaragua tiene el sarten por el mango. Sera interesante ver que precedente sentara el incumplimiento de una resolucion internacional en la region.

ref .. dinamarca.. ya existen varios precedentes en desacatos a los fallos de la cij , no es el primero ni será el ultimo

El 24 de marzo marca un hito en el largo debate que ocuparía casi cien años -entre 1833 y 1941-, en la delimitación de fronteras entre Venezuela con Colombia. Ese día, el laudo arbitral suizo dio la razón a Colombia para ratificar el laudo español de 1891. Habían pasado seis años desde que ambos países, en 1916, acudieran ante el árbitro europeo para conocer si éste (el español) debía aplicarse de forma parcial o íntegra. Ello, porque las dudas aún eran numerosas y Venezuela sostenía que sólo debían colocarse los límites en aquellos lugares en los que hubiese absoluta certeza.

Para el embajador Leandro Area, ex director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual del MRE, todo habría salido mejor para nuestro país sí, desde un principio, se hubiese aceptado el tratado Pombo Michelena, de 1833, al cual se opuso el Congreso venezolano en su momento porque pensó que se perdía territorio.

Pero entre el laudo español y el suizo, hubo otro hito, en el que se achicaron las fronteras: la llamada Acta de Castillete. Relata Area que una comisión binacional emprendió en 1900 la exploración de la zona para ubicar un punto, que según el laudo español identificaba los límites. Se trataba del llamado "mogote de Los Frailes". "Esa comisión de técnicos, ingenieros y topógrafos, que caminaba a lomo de mula y sin recursos, con la queja constante de que no les pagaban sus sueldos y en una época en la que no habían caminos, no encuentra el mogote de Los Frailes. Y para salir del paso resolvieron que Castillete era el lugar que definía el laudo español. Por ello, lo que se hace en 1922, es ratificar el inicio de la frontera en Castillete". De haber seguido en los confines del Cabo de la Vela, no habrían tenido lugar las discusiones que aún siguen sobre delimitación de las aguas marinas y submarinas.

Mientras las fronteras se encogían, a muy poca distancia de allí, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, se desencadenaba un cambio profundo en aquella Venezuela agropecuaria: explotando con una fuerza que lo elevó a 450 metros de altura, el chorro de petróleo del pozo Barrosos 2, en el campo petrolífero La Rosa al sur del municipio Cabimas, arrojó sin control durante nueve días más de un millón de barriles de crudo. A partir de entonces la economía venezolana dio un vuelco que transformaría, además, la dinámica de la vida social y política. En muy corto tiempo, seis años apenas, Venezuela pasaría a ser el primer exportador de petróleo a escala mundial.

En Egipto el arqueólogo inglés Howard Carter descubría el 26 de noviembre la tumba del faraón Tutankamón, primera de su tipo hallada intacta, sin que sufriera antes el saqueo de los buscadores de tesoros. El mundo se deslumbró con las impresionantes riquezas, como el enorme ajuar funerario, uno de los mayores tesoros artísticos de la Humanidad, que permitieron resolver incógnitas sobre la cultura y forma de vida antigua.
Foto: El 24 de marzo marca un hito en el largo debate que ocuparía casi cien años -entre 1833 y 1941-, en la delimitación de fronteras entre Venezuela con Colombia. Ese día, el laudo arbitral suizo dio la razón a Colombia para ratificar el laudo español de 1891. Habían pasado seis años desde que ambos países, en 1916, acudieran ante el árbitro europeo para conocer si éste (el español) debía aplicarse de forma parcial o íntegra. Ello, porque las dudas aún eran numerosas y Venezuela sostenía que sólo debían colocarse los límites en aquellos lugares en los que hubiese absoluta certeza.

Para el embajador Leandro Area, ex director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual del MRE, todo habría salido mejor para nuestro país sí, desde un principio, se hubiese aceptado el tratado Pombo Michelena, de 1833, al cual se opuso el Congreso venezolano en su momento porque pensó que se perdía territorio.

Pero entre el laudo español y el suizo, hubo otro hito, en el que se achicaron las fronteras: la llamada Acta de Castillete. Relata Area que una comisión binacional emprendió en 1900 la exploración de la zona para ubicar un punto, que según el laudo español identificaba los límites. Se trataba del llamado "mogote de Los Frailes". "Esa comisión de técnicos, ingenieros y topógrafos, que caminaba a lomo de mula y sin recursos, con la queja constante de que no les pagaban sus sueldos y en una época en la que no habían caminos, no encuentra el mogote de Los Frailes. Y para salir del paso resolvieron que Castillete era el lugar que definía el laudo español. Por ello, lo que se hace en 1922, es ratificar el inicio de la frontera en Castillete". De haber seguido en los confines del Cabo de la Vela, no habrían tenido lugar las discusiones que aún siguen sobre delimitación de las aguas marinas y submarinas.

Mientras las fronteras se encogían, a muy poca distancia de allí, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, se desencadenaba un cambio profundo en aquella Venezuela agropecuaria: explotando con una fuerza que lo elevó a 450 metros de altura, el chorro de petróleo del pozo Barrosos 2, en el campo petrolífero La Rosa al sur del municipio Cabimas, arrojó sin control durante nueve días más de un millón de barriles de crudo. A partir de entonces la economía venezolana dio un vuelco que transformaría, además, la dinámica de la vida social y política. En muy corto tiempo, seis años apenas, Venezuela pasaría a ser el primer exportador de petróleo a escala mundial.

En Egipto el arqueólogo inglés Howard Carter descubría el 26 de noviembre la tumba del faraón Tutankamón, primera de su tipo hallada intacta, sin que sufriera antes el saqueo de los buscadores de tesoros. El mundo se deslumbró con las impresionantes riquezas, como el enorme ajuar funerario, uno de los mayores tesoros artísticos de la Humanidad, que permitieron resolver incógnitas sobre la cultura y forma de vida antigua.

Colombia va a acatar la decisión de la corte internacional eventualmente, ahora también es cierto que en todo este tiempo no se ha acatado la tal sentencia y no ha pasado nada,eso nos da una idea de lo que pasa si no acatas, pero en aras de la convivencia con la comunidad internacional y la civilidad del país reconocerán el fallo, es solo cuestión de tiempo.

Los que creen que USA nos ayudara en este conflicto están totalmente equivocados, no moverán un solo dedo pero tampoco nadie nos condenara salvo Nicaragua y sus aliados del Alba aunque por el momento estos últimos están callados, cada quien con sus problemas, sin el locuaz Chaves Venezuela tampoco esta metiéndose en problemas que no son de ellos.

nick7777 escribió:

santanderista escribió:sobre  derecho internacional  humanitario ,  no  hay  nada  que  hablar  , sobre delimitación  la  corte  constitucional  dice  que no se acata,,  ósea  ya ni se  acata  ni se  aplica ,,  las  sanciones  a  colombia  tendrían  que  pasar  por  el  consejo de  seguridad  de la  ONU  donde  adivina  nick  quien  tiene  poder  de  veto ???

¿Rusia?,¿china?   ..las putas colombianas deben ser protegidas por su amo..jajajjajaja     

No, Nick7777 los Rusos y los chinos son tus amos que no se te olvide y ustedes en un problema similar tampoco recibirían ayuda de ellos, estos solo los están explotando, pero claro se me olvidaba que se creen tan independientes jajajajaja y nos acusan a nosotros de lacayos, miran solo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

azulez70 escribió:
Los que creen que USA nos ayudara en este conflicto están totalmente equivocados.

Ojala tengas razón, pero los gringos botan plata en el "Plan Colombia" y en las 7 bases gringas en Colombia y eso da mucho que pensar.