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La empresa Rusoro, controlada por los empresarios rusos Andréi y Vladímir Agápov, ha ganado un juicio al gobierno de Venezuela, que deberá indemnizar a la empresa rusa con 1.200 millones de dólares por haber nacionalizado en 2011 varias minas de oro pertenecientes a los empresarios. Este ha sido el veredicto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial, informa el periódico ruso RBC Daily citando a la empresa. La empresa está registrada en Canadá y, según el organismo de arbitraje, su nacionalización supone una violación del acuerdo bilateral entre Canadá y Venezuela que establece la protección mutua de la inversión.

Los propietarios, la familia Agápov, son unos hombres de negocios rusos muy poco conocidos. Lo único que se sabe es que el cabeza de familia, Vladímir Agápov, formó parte entre 1999 y 2007 del consejo de directores del operador aéreo Aeroflot.

El motivo de la demanda
Inicialmente Rusoro exigía en su demanda contra el gobierno de Venezuela 3.000 millones de dólares en concepto de indemnización. Hasta el momento de su nacionalización, era la mayor empresa de extracción de oro de Venezuela y contaba con 58 concesiones y contratos para la exploración y la extracción. A partir de 2011 la empresa dejó de obtener beneficios y en sus cuentas quedaban únicamente 42.000 dólares. Tras el anuncio del veredicto del tribunal de arbitraje, las acciones de Rusoro en la bolsa canadiense TSX Venture subieron un 122,6 % y su capitalización alcanzó los 130 millones de dólares.

“Esta victoria en los tribunales supone un récord en cuanto al volumen de indemnización establecido por un tribunal a favor de una empresa de origen ruso”, comenta Serguéi Jestánov, consejero de macroeconomía del director general de Open Broker.

Sin embargo, según el experto, del veredicto de un tribunal a su cumplimiento hay un gran trecho. “La tendencia general en los países con gobiernos populistas es el incumplimiento de los veredictos emitidos por tribunales internacionales”, comenta Jestánov. Según este, este tipo de veredictos se cumplen cuando los gobiernos populistas son sustituidos por gobiernos tecnócratas. Por ejemplo, en 1997 Rusia liquidó las deudas del país acumuladas desde la época zarista hasta 1917.

La probabilidad de cobrar la indemnización
Según la empresa Rusoro, la indemnización establecida por el tribunal de arbitraje se cobrará rápidamente. No obstante, si el gobierno de Venezuela se niega a pagar, el veredicto del tribunal podría extenderse a 150 países miembros de la convención de Nueva York, subraya Rusoro. De este modo, la empresa se reserva el derecho a embargar los activos de Venezuela en varios países. Se trata de una convención acordada en 1965 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras que Rusia firmó en 1992 pero todavía no ha ratificado.

“Muchas empresas están demandando últimamente a Venezuela por nacionalizar sus activos”, comenta el analista de RUSS-INVEST Semión Nemtsov. Según el experto, entre los demandantes principales figura la empresa extractora de oro Anglo American, que espera un veredicto favorable a la devolución de sus activos y que hasta hace poco tiempo poseía concesiones para la explotación de yacimientos. En la misma situación se encuentra el fabricante de fertilizantes Koch Minerals, que tenía numerosos activos en el país. “El proceso de devolución de las empresas puede llegar a tardar mucho tiempo, y Venezuela, que en estos momentos se encuentra en una situación económica, política y social extremadamente difícil, intenta alargar estos procesos con el objetivo de conservar estos activos el mayor tiempo posible”, añade Nemtsov.

A día de hoy, el tribunal de arbitraje internacional ICSID del Banco Mundial ha recibido 25 demandas de inversores privados contra el gobierno de Venezuela. En 2014 el ICSID ordenó a Venezuela el pago de 1.600 millones de dólares al gigante petrolero estadounidense ExxonMobil por la nacionalización de su inversión en proyectos petrolíferos y en 2016 dictó sentencia favorable a la empresa canadiense Crystallex International, a la que el gobierno de Hugo Chávez embargó en 2011 la mina de oro Las Cristianas y que deberá obtener una indemnización de 1.400 millones de dólares.